La política de la tijera es insolidaria e injusta porque afecta a las capas más débiles de la sociedad, las más sometidas, las que están al final de la escala en las relaciones de poder. Si se trata de España, además, no garantiza el ansiado equilibro fiscal, al menos en los plazos fijados. Eso ya lo dicen los jerarcas de Bruselas y todos los analistas económico-financieros de nuestro entorno. También lo dice Rajoy pero solo en la intimidad. Y en la intimidad se encomienda a François Hollande y su eventual acuerdo con Angela Merkel por la revisión de los programas de rigor fiscal antes de que deriven en rigor mortis.
Por lo tanto, el Gobierno español confía en que el flamante presidente de la República Francesa logre persuadir a la canciller de que Europa no saldrá del agujero mientras Alemania no acepte la inclusión de medidas reactivadoras en una hoja de ruta secuestrada por las políticas de austeridad. Esa rectificación debe empezar por la propia Alemania, una economía saneadísima y muy competitiva. Entre otras cosas por la moderación salarial implantada a lo largo de estos últimos años. Una política salarial más generosa, por ejemplo, fomentaría el consumo. Al tratarse de un país de más de ochenta millones de habitantes, eso tendría unos beneficiosos efectos multiplicadores en los índices de crecimiento. En la propia Alemania y en el resto de Europa. Sobre todo en los países en recesión.
Es un ejemplo de las muchas cosas que puede hacer Alemania, como motor de la zona euro, para estimular el crecimiento sin renunciar a los imperativos de equilibrio presupuestario. Claro que éste es condición necesaria para el crecimiento. Nadie lo discute. Pero no es suficiente. En ninguna parte está escrito que la austeridad y los recortes sirvan para reactivar la economía. Más bien al contrario, como estamos viendo. Además hacen falta medidas de estímulo.
Los expertos dicen que hay una amplia gama de decisiones que pueden tomarse en clave reactivadora. Desde las que no suponen gasto, como el simple aumento de la productividad, hasta las que sí lo suponen, siempre que el gasto sea productivo (inversión pública, por ejemplo). En Bruselas se debería impulsar el papel del Banco Europeo de Inversiones y el protagonismo del Banco Central Europeo respecto a los flujos crediticios destinados a las empresas, reutilizar los Fondos Estructurales, etc.
Esa es sólo una de las dos grandes coordenadas de la apuesta de Hollande frente a una agenda sobrecargada de austeridad. La otra es fundamental para España. Consiste en flexibilizar el calendario de lucha contra el déficit público. No las metas sino los plazos. Nunca ha dicho Merkel que esas dos líneas de actuación, que van a ser irremediablemente consensuadas con su colega francés, sean incompatibles con el mantenimiento de la ortodoxia presupuestaria. Y a España le vendrá de perlas que el tándem franco-germano las acabe incorporando a la nueva vía.
En una reacción eminentemente populista de Evo Morales, presidente de Bolivia, el primero de mayo quedó expropiada la TDE, la empresa española que se ocupa (se ocupaba) del sistema de transporte eléctrico interconectado de Bolivia. Pelillos a la mar. Desde el primero momento el Gobierno español le quitó importancia y puso un especial interés en desautorizar cualquier tentación de relacionar este episodio con la reciente expropiación de la sección argentina de Repsol. En cambio el embajador de España en La Paz, Ramón Santos, habló del malestar del Gobierno español por una decisión que “manda una señal negativa desde el punto de vista de la inversión, tanto nacional como extranjera”.
Recordar que este tipo de medidas generan desconfianza entre los inversores, ante los principios de seguridad jurídica y respeto al libre comercio, fue atenerse a la doctrina aplicada por el Gobierno Rajoy a la expropiación de Repsol-YPF. Y eso es exactamente lo que hizo el embajador Santos, unas horas antes de que Moncloa filtrase una información que invitaba a quitarle importancia a la decisión de Evo Morales y, por otra parte, a desvincular el caso boliviano con el caso argentino.
Eso no logró evitar que se avivase el fuego de nuestro debate político de cercanías, donde las vísceras se suelen sobreponer a la razón. Ha bastado echar un vistazo a ciertos comentarios en los medios y en las redes sociales. Se reabre el absurdo intercambio de pedradas respecto a la ubicación de España en el ranking de las relaciones internacionales. Unos detectan una cura de humildad de quienes no hace mucho tiempo se ponían estupendos denunciando que con Zapatero éramos el hazmerreír del mundo. Los contumaces lo ven justo al revés, pues valoran la hostilidad de Evo Morales como una consecuencia lógica de la Alianza de Civilizaciones y el buenismo de Zapatero.
La razón nos lleva a considerar, como al embajador español en La Paz, que el Gobierno y la opinión pública españoles no pueden aplaudir decisiones inesperadas y contrarias a la cobertura de las inversiones y los derechos de propiedad, aun reconociendo que se trata de una decisión soberana. Y en esas coordenadas, a lo más que puede aspirarse es a que la expropiación culmine una vez satisfecho el precio justo por una propiedad española. Ahí sí se aprecia una diferencia con el caso Repsol. Mientras que las autoridades argentinas dicen que la expropiación está bien pagada, por los muchos años de beneficios acumulados, en el caso de Bolivia se ha comunicado al Gobierno español que una compañía independiente fijará un justiprecio por las acciones de TDE (adquirida con capital español por REI, que es el brazo internacional de REE) en el plazo de 180 días.
Por lo demás, estamos ante la inesperada medida de una nacionalización pura y dura. ¿Con qué consecuencias? Muy limitadas desde el punto de vista económico, pues el negocio boliviano no llega ni al 1,5% del total de esta empresa española.
Quién nos iba a decir que el inefable Alcaraz, flamante presidente de una asociación llamada “Voces contra el Terrorismo”, iba a referirse al Plan Integral de Reinserción, desvelado en Luxemburgo por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como “una forma de continuar el proceso de rendición iniciado por Zapatero”. Tampoco su sucesora en la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), Angeles Pedraza, ha sido demasiado comprensiva con los planes anunciados por el ministro para conducir al buen camino a los condenados por delitos cometidos en el seno de una organización criminal. Pedraza dice que las víctimas se sienten engañadas porque el plan viene a ser “una cesión a los intereses de ETA”.
Menciono los casos de Alcaraz y Pedraza porque ilustran de algún modo la torpeza del ministro al comunicar una decisión tomada con la cabeza y explicada con los pies. Era innecesario hacerles sentir incómodos por algo que no es nuevo, que ya se viene haciendo discreta e individualmente y que en ningún caso supone cambiar de política antiterrorista, burlar la ley o echar un cable a ETA. Simplemente se trata de seguir ofreciendo a sus presos la posibilidad de elegir entre la disciplina de la banda (cantos de sirena sobre una amnistía imposible) y el Estado de Derecho (beneficios penitenciarios, reinserción social). Algo que se viene aplicando en nombre de la llamada “Vía Nanclares”, con la vista puesta en el acercamiento a prisiones próximas al País Vasco de los reclusos que se desvinculen explícitamente de la aún no disuelta banda terrorista.
Sin embargo, el Gobierno ha presentado este Plan Integral de Reinserción como algo distinto. Puestos a buscar novedades, la más relevante se refiere a las “aulas” de preparación para la convivencia, con capítulo especial dedicado a la formación de los reclusos en técnicas y conocimientos que puedan facilitar su incorporación al mercado laboral. O sea, poner a estos criminales en la senda de los justos a base de sesiones carcelarias de educación para la ciudadanía y formación profesional. No solo a etarras, sino también a narcotraficantes, terroristas del Grapo, yihadistas y cualquier condenado por delitos relacionados con banda organizada.
Pero es evidente que todo el mundo ha relacionado esta iniciativa del Gobierno como un paso orientado a conseguir un creciente número de etarras que rompan con la banda de manera “clara, solemne y pública” ¿A cambio de qué? En ese sentido sorprende una declaración del presidente Rajoy excluyendo los beneficios penitenciarios. Si el plan no distingue al preso reinsertado del preso contumaz no hemos hecho nada. Aplíquese el mandato constitucional de la reinserción con las leyes en la mano. Y eso pasa, entre otras cosas, por dispensar un trato deferente a quienes se desvinculen de la disciplina de la banda y, por añadidura, pidan perdón a las víctimas, colaboren con la justicia y afronten su responsabilidad civil. Todo absolutamente legal.
El debate presupuestario, recién terminado en el Congreso, ha sido un “revival” de la crispación entre el PP y el PSOE. Entre el Gobierno y el principal grupo de la oposición con los papeles cambiados. Mala noticia. Fue la consecuencia lógica del discurso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defensor de los PGE del año en curso. Lo planteó como si estuviéramos en vísperas electorales. Se trataba de culpar al anterior Gobierno socialista de todos los males que nos aquejan y, por supuesto, de las duras medidas de ajuste incluidas por el Gobierno en su “agenda reformista”.
Es decir, enésima apelación a la herencia recibida como coartada de los recortes. Un argumento con fecha de caducidad ¿Hasta cuándo? Hasta que los ciudadanos empiecen a juzgar al Gobierno por sus resultados. Las encuestas detectan ya un desgaste electoral sin precedentes después de solo cuatro meses, aunque esa caída no reanima las expectativas del voto socialista. Prueba evidente de que aún cala el argumento de la herencia recibida. Hasta que deje de calar porque los ciudadanos eligieron al PP para resolver problemas y no para estar señalando siempre a quienes los crearon, habida cuenta de que ha habido por medio unas elecciones generales de inequívoco resultado.
El Gobierno del PP parece incapaz de descifrar las malas noticias sin ver detrás algo más que la torpe mano de los socialistas. Sin embargo la realidad se empeña en desmentirle. La realidad es tozuda. Al menos la tangible, la que se puede medir. El Gobierno Zapatero hizo mal las cosas, pero cuatro meses después de su caída las cosas han ido a peor: menos empleo, economía en recesión, huida de inversiones extranjeras, desplome de la bolsa y más presión de los mercados, mientras los recortes ya afectan al Estado del Bienestar y todas las fuerzas políticas relevantes rechazan la política presupuestaria del Gobierno.
Se van cumpliendo los negros augurios que el PP y sus terminales mediáticas venían haciendo desde 2009, cuando celebraban cada mala noticia (bajada de la bolsa, subida de la prima de riesgo, últimas cifras del paro, avance de la pobreza) como un paso más hacia el poder. Acertaron. Las cosas pintan peor que pintaban en los augurios de aquellos profetas del catastrofismo. Con un matiz: ellos decían que la tendencia cambiaría en cuanto los españoles echaran a los socialistas. En eso se equivocaron. Zapatero ya no está en Moncloa pero tenemos mas paro y menos crecimiento, un sistema productivo con sus dos motores detenidos (inversión y consumo) e inesperados golpes de piqueta sobre el Estado del Bienestar.
¿Por culpa del Gobierno socialista y sus mentiras, como la del déficit oculto de 2011? Puede ser, pero carece de sentido seguir alimentando este tipo de debates absurdos. No resuelve nada, y a nadie consuela ya, el resultado de esta inútil discusión sobre si el Gobierno anterior mintió o no mintió respecto al verdadero agujero de las cuentas públicas.
Cuando la banda sonora política y mediática del PP habla de “sectarismo informativo en RTVE” lo acompaña de una interpelación directa al presidente Rajoy. Con más o menos disimulo se le pide que tome cartas en el asunto y no se deje comer el terreno después de haber barrido en las urnas. Ha de dejar claro quien manda, también ahí.
De esa reclamación se infiere que el ejercicio del “sectarismo informativo”, verificable o supuesto en los actuales responsables de la radio y la televisión públicas, ya le corresponde al partido ganador de las elecciones y no al perdedor. Como si estuviera en la naturaleza de las cosas que ahora le toque al Gobierno del PP hacer de su capa un sayo en RTVE.
Tratándose de una Corporación estatal al cien por cien, el decreto ley dictado por el Gobierno Rajoy en el último Consejo de Ministros viene a ser una especie de privatización. Formalmente sigue siendo del Estado pero, al partir del actual modelo de neutralidad e independencia respecto al Ejecutivo, se viene a concebir el medio estatal RTVE como un brazo más de poder al servicio del Gobierno de turno. En la práctica es una forma de privatizar a favor de una determinada causa política (de partido, no de Estado) los beneficios derivados de controlar este poderoso medio de información.
Como era previsible, el PSOE, principal grupo de la oposición, ha puesto el grito en el cielo. Habla de “golpe institucional”, por querer modificar por las bravas la ley que garantizaba hasta ahora la independencia, pluralidad y viabilidad económica de RTVE. Todo ello con el objetivo de hacerse con el control de la misma. El método consiste en interpretar unilateralmente una disposición transitoria de la vigente ley.
La ley obliga a elegir al presidente de la Corporación por una mayoría parlamentaria de dos tercios. Eso impone la necesidad de consensuar el nombramiento entre PP y PSOE. Pero Moncloa ha recurrido a una disposición transitoria que contemplaba la elección por mayoría absoluta (bastarían los votos del PP), solo para la puesta en marcha del modelo (2006) si hubiera faltado el acuerdo dos meses después de intentarlo. Ahora esa norma de contingencia es interpretada por el Gobierno como norma fija del modelo y va a aplicarse para desbloquear la situación en RTVE (presidente dimitido y parte del Consejo caducado o en fuga). Se renuncia a desbloquear la situación mediante el procedimiento estructuralmente previsto en la ley, que es el del acuerdo por dos tercios, y se opta por la mayoría absoluta.
Mucho me temo que se va a acabar la primavera en RTVE, que había vuelto a ser políticamente independiente, económicamente viable y de una calidad contrastable en los índices de audiencia y en las encuestas de opinión. Hasta aquí hemos llegado en el desarrollo de una RTVE pluralista, neutral y consensuada por los dos grandes partidos.
Entre los silencios elocuentes de la clase política y el ruido de la calle (incluidas las redes sociales, que no es exactamente la calle pero nos remite al estado de ánimo de la gente), se ha ido abriendo paso un dictamen no favorable a la conducta del Rey. La privada, claro, que es inseparable de la pública cuando se trata de un Jefe de Estado exento de responsabilidades políticas y penales. Es el fondo de la cuestión. A don Juan Carlos no le afecta el principio de igualdad ante la ley. Su figura es constitucionalmente desigual respecto al común de los ciudadanos. Y eso le obliga a que su conducta pública y privada, pero especialmente la privada, sea desigualmente ejemplar. Más que cualquier otra conducta pública o privada. Está claro que no lo ha sido en el desdichado asunto de la caza de paquidermos.
También la conducta de Iñaki Urdangarín mereció el calificativo de “poco ejemplar”. Fue la expresión oficialmente utilizada por la Casa del Rey para referirse a los asuntos privados y bastante turbios del marido la infanta doña Cristina. Lo que pasa es que al Rey no se le puede quitar de la foto por hacer en Botsuana (matar a elefantes indefensos) lo que estaría prohibido en España a la luz de nuestros valores. O, en el peor de los casos, por no hacer bien los deberes propios de su cargo.
Así que muchos han tirado por el camino del medio: si le molesta ejercer de Rey, que se vaya. No solamente quienes se confiesan republicanos de toda la vida. Este 14 de abril les ha venido con un pan debajo del brazo (un vídeo sobre la caza del elefante en Botsuana), como es el caso de IU o ERC. Me refiero, sobre todo, a Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, que ha desbordado a los dirigentes nacionales de su partido con una declaración en la que pide claramente al Monarca que elija entre sus responsabilidades públicas o la abdicación.
La posición de Gómez no es la posición oficial del PSOE, cuya apuesta por la Monarquía Parlamentaria de 1978 es firme y está plenamente vigente, por lo que ha decidido adoptar una postura pública de “elocuente silencio” mientras en privado muestra una visible preocupación por lo ocurrido, justo cuando en las encuestas de valoración ciudadana la institución monárquica ya había empezado a caer. Conviene recordar que, según los sondeos oficiales del CIS, desde octubre del año pasado la Monarquía saca un suspenso. Concretamente, un 4,89 sobre 10. Jamás había ocurrido desde su reinstauración hace 34 años.
Sin embargo, el caso de la cadera averiada en la aventura de Botsuana puede significar un punto de no retorno en la vulgarización de las críticas a la Corona, que antes se formulaban siempre con sordina o simplemente se obviaban porque había voluntad expresa de mirar hacia otro lado o ser benevolentes con la figura de don Juan Carlos. Parece que todo eso ha terminado. Y ojalá sirva como una oportunidad para mejorar el funcionamiento de una institución que ha prestado grandes servicios a la España democrática de estas últimas décadas.
